Decenas de personas se concentraron este jueves a las puertas de la cárcel La Picota en Bogotá ante la inminente liberación del exlíder de la guerrilla de las FARC 'Jesús Santrich', después de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) denegase ayer su extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

A las inmediaciones de la prisión se acercaron miembros de la plataforma "Santrich Libre", así como el exministro Álvaro Leyva Durán, quien ha sido asesor en diferentes procesos de paz.

Óscar Perdomo, miembro del comité de solidaridad con Santrich, aseguró en declaraciones a los medios a las puertas de La Picota que todos los trámites están preparados para la liberación del exguerrillero, pero que la directora de la prisión, Imelda López, "se niega a recibir abogados y funcionarios y a recibir los documentos" necesarios para su libertad.

"Los trámites están realizados, ya llegó la orden de libertad, todo está listo. Sólo falta una firma por parte de la directora de La Picota", dijo Perdomo, que agregó que la funcionaria está "encerrada en su oficina".

Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", fue detenido en Bogotá el 9 de abril del año pasado con base en el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico, delito que según la Fiscalía colombiana cometió después de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016.

Según EE.UU., el exguerrillero tenía un "acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína" a ese país.

Por otro lado, la JEP aseguró en un comunicado que "el Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas y en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición".

La decisión de la JEP de no extraditar a Santrich desembocó en una crisis jurídica en Colombia que llevó a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal, María Paulina Riveros, ahondando la polarización política existente en torno al acuerdo con las FARC.

El acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 estableció que delitos comunes como el narcotráfico cometidos hasta esa fecha por miembros de las FARC no serían llevados a la justicia ordinaria pero sí aquellos posteriores al 1 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigor el pacto que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado con esa guerrilla.

EFE